Pagos digitales en México: la ley se medirá en la caja, no en el decreto

La diferencia entre tener una herramienta de pago digital y poder usarla todos los días sigue siendo amplia en México. En la región Noroeste, 65.7% de la población consideró en 2024 que todos o casi todos los negocios aceptaban tarjetas o transferencias; en el Sur, la proporción cayó a 29.8%. Ese contraste ayuda a entender la prueba que enfrentará la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos: no basta con ordenar la adopción de medios digitales, también debe existir una red que funcione, sea accesible y tenga una alternativa cuando falle.

El Senado aprobó el proyecto el 20 de octubre de 2026 y lo turnó al Ejecutivo Federal. Por ahora, el punto relevante no es presentar el efectivo como una forma de pago a punto de desaparecer, sino observar cómo se convertirá una obligación general en operaciones concretas para pequeños comercios, gasolineras, oficinas públicas y consumidores. La norma plantea que los pagos digitales se extiendan a bienes, servicios y trámites, pero su impacto cotidiano dependerá de la publicación del decreto, las disposiciones que desarrollen su aplicación y la capacidad técnica de los actores involucrados.

La cifra que anticipa el problema: cobertura desigual y hábitos todavía concentrados en el efectivo

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 muestra que el efectivo mantiene una posición dominante incluso cuando aumenta el monto de una compra. Para operaciones superiores a 500 pesos, 67.4% de la población señaló el efectivo como medio de pago frecuente; 25.6% mencionó una tarjeta de débito o crédito. Las transferencias electrónicas y las aplicaciones de celular representaron una proporción mucho menor.

El dato no significa que México carezca de cuentas, tarjetas o aplicaciones. La ENIF registró que 63% de la población de 18 a 70 años tenía una cuenta de ahorro formal en 2024, frente a 49.1% en 2021. Sin embargo, disponer de una cuenta no equivale a pagar digitalmente en una tienda. Entre ambos pasos intervienen la aceptación del comercio, la señal de internet, el costo de la terminal o del servicio, la confianza del usuario y la posibilidad de resolver un cargo no reconocido.

La diferencia regional refuerza esa lectura. Mientras en el Noroeste 65.7% de las personas percibía una aceptación amplia de tarjetas o transferencias, en el Centro sur y oriente la cifra fue de 34.4%, y en el Sur de 29.8%. La ley puede establecer una obligación nacional, pero el punto de partida no es homogéneo. Aplicar la misma exigencia en una zona urbana con múltiples redes y en una localidad con conectividad intermitente producirá costos y resultados distintos.

Qué quedó aprobado y qué todavía debe aterrizarse

El expediente legislativo define a la nueva ley como una norma de orden público y alcance nacional. Su objetivo es promover la adopción e implementación de medios de pago electrónicos y digitales. También contempla que los tres órdenes de gobierno realicen acciones para aceptar esos medios en trámites y servicios, y que los proveedores de bienes y servicios habiliten la infraestructura necesaria, informen a las personas usuarias qué opciones reciben y adopten medidas para atender contingencias.

El texto incluye una salvaguarda relevante: cuando una contingencia impida recibir pagos digitales, podrá utilizarse efectivo o cheque. Esa disposición cambia la discusión. La digitalización no se plantea como una sustitución absoluta e inmediata del dinero físico, sino como una ampliación de las opciones de pago con una salida para interrupciones técnicas. La calidad de esa salida dependerá de cómo se defina una contingencia, quién la certifique y cuánto tiempo tendrá un comercio para restablecer el servicio.

El proyecto también asigna funciones al Banco de México y contempla el uso de la CURP Digital o de otros mecanismos de identificación oficial para contratar servicios financieros de manera digital. Sin embargo, el decreto fija objetivos y responsabilidades generales; los procedimientos, calendarios, estándares técnicos, mecanismos de supervisión y criterios para aplicar excepciones tendrán que precisarse en la etapa posterior. Esta es una inferencia derivada del contenido legislativo: el expediente describe qué deben hacer los participantes, pero no sustituye las reglas operativas necesarias para medir su cumplimiento.

El mecanismo real estará en cuatro puntos de fricción

1. Conectividad

Un cobro digital depende de una cadena completa: electricidad, señal, dispositivo, aplicación o terminal, autenticación y confirmación de la operación. Si cualquiera de esos eslabones falla, el comercio debe contar con un procedimiento claro para aceptar efectivo o cheque sin convertir la excepción en una barrera adicional. En una gasolinera, por ejemplo, una interrupción puede detener varias operaciones en minutos; en una oficina pública, puede obligar a una persona a regresar otro día.

2. Costos y comisiones

La aceptación digital implica terminales, cuentas, conectividad, conciliación y atención de aclaraciones. La Presidencia ha presentado el uso de CoDi y de sistemas como SPEI como herramientas para acelerar transferencias y reducir barreras, mientras que la discusión legislativa también ha puesto sobre la mesa el costo para microempresas. El indicador decisivo será saber cuánto paga un negocio pequeño por cobrar digitalmente y si el ahorro operativo compensa ese gasto.

3. Confianza y protección

La adopción no depende solo de que el pago sea técnicamente posible. Las personas necesitan saber qué hacer ante una operación no reconocida, un cobro duplicado o una transferencia que no llega. Los proveedores deberán ofrecer canales accesibles de aclaración y respuestas verificables. Si el usuario percibe que recuperar su dinero es difícil, seguirá prefiriendo el efectivo aunque tenga una cuenta bancaria.

4. Inclusión territorial

La ENIF reportó que 61.6% de la población en localidades de menos de 15 mil habitantes tenía al menos un producto financiero formal, por debajo de los niveles de varias zonas metropolitanas. La brecha importa porque la ley busca que los pagos digitales sean utilizables en todo el país, no únicamente en comercios con infraestructura consolidada. La política de implementación tendrá que distinguir entre falta de voluntad, falta de conectividad y falta de acceso financiero.

Los indicadores que permitirán saber si la ley funciona

La evaluación no debería limitarse al número de comercios que colocan una terminal o exhiben un código QR. Para medir resultados, las autoridades y los reguladores tendrán que observar al menos cinco variables:

Aceptación efectiva: cuántos comercios reciben pagos digitales sin rechazos, límites inesperados o fallas recurrentes.
Uso repetido: si las personas vuelven a pagar digitalmente después de su primera operación.
Brecha regional: si disminuye la diferencia entre regiones como el Noroeste y el Sur.
Costo para pequeños negocios: comisiones, renta de terminales, conectividad y tiempo destinado a conciliaciones.
Respuesta ante contingencias: duración de las interrupciones, activación de alternativas y tiempo de resolución de reclamaciones.

También será necesario comparar la aceptación declarada por los comercios con el uso observado por la población. Un negocio puede tener una terminal, pero si la señal es inestable, cobra una comisión elevada o no sabe resolver una devolución, la infraestructura existe solo en el papel.

La nueva ley puede acelerar una tendencia que ya avanza en bancos, trámites, gasolineras y carreteras, pero no resolverá por sí sola las condiciones que frenan el uso cotidiano. El resultado dependerá de que la regulación convierta la digitalización en una opción confiable, no en un trámite adicional ni en un costo trasladado automáticamente a quien vende o compra.

La señal más importante durante los próximos meses será la publicación del decreto y la claridad de sus reglas de operación. Después, habrá que revisar si aumentan los pagos digitales en las regiones con menor aceptación, si disminuyen los rechazos y si los pequeños comercios pueden cumplir sin perder margen. Ahí estará la verdadera prueba de la Ley de Economía Digital México 2026: en la transacción que sí se completa, en la falla que tiene una salida y en la persona que puede elegir cómo pagar sin quedar excluida.