México cerró el primer año del ciclo 37 del Tratado de Aguas de 1944 con una entrega de al menos 350 mil acres-pie de agua a Estados Unidos, equivalentes a unos 431.7 millones de metros cúbicos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores el 24 de octubre de 2026. La cifra cumple con la meta operativa anunciada en febrero, pero no describe por sí sola la salud de la cuenca.
El contraste es relevante: el 12 de octubre, la Comisión Internacional de Límites y Aguas registraba un almacenamiento de 25.8% en la presa La Amistad y de 17.6% en Falcón. Es decir, México llegó al cierre anual con el compromiso internacional cubierto, pero con los dos principales embalses internacionales lejos de una situación holgada. La pregunta para el segundo año no es únicamente cuánto se entregó, sino con qué reservas y con qué costo para los usuarios de la cuenca.
Una cuota cumplida no significa que sobre agua
El Tratado de 1944 establece que Estados Unidos recibe una tercera parte del escurrimiento de seis afluentes mexicanos del Río Bravo: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el arroyo de Las Vacas. El volumen mínimo es de 350 mil acres-pie anuales como promedio dentro de ciclos consecutivos de cinco años, con un objetivo total de 1.75 millones de acres-pie al finalizar cada ciclo.
Esta fórmula importa porque evita leer la cifra como si fuera una cuota aislada que deba obtenerse de una sola presa o en una sola fecha. El agua se contabiliza a partir de los escurrimientos de los tributarios y de los almacenamientos en La Amistad y Falcón. La propia CILA señala que los datos de propiedad y disponibilidad se actualizan semanalmente y que las cifras hidrométricas pueden modificarse conforme avanza la verificación.
El tratado también contempla que, ante una sequía extraordinaria o un accidente grave en los sistemas hidráulicos, los faltantes al final del ciclo de cinco años pueden reponerse durante el ciclo siguiente. Por eso, el cumplimiento del primer año reduce la presión inmediata, pero no elimina la vulnerabilidad acumulada en una cuenca con aportaciones irregulares.
El mecanismo que permitió llegar al cierre
El anuncio de octubre llega después del plan técnico acordado por México y Estados Unidos el 3 de febrero de 2026. Según la SRE, ese esquema buscó garantizar una cantidad mínima anual de acuerdo con las condiciones hidrológicas y, al mismo tiempo, priorizar el consumo humano y la producción agrícola en México.
La lógica del acuerdo es de administración coordinada: programar entregas, intercambiar información y utilizar la infraestructura disponible sin tratar el río como una fuente de suministro constante. En una cuenca con sequía extrema, el cumplimiento depende de decidir cuándo liberar agua, qué almacenamientos conservar y qué usuarios absorben las restricciones temporales.
El episodio de finales de septiembre ilustra esa variabilidad. La CILA mexicana reportó que las lluvias torrenciales registradas aguas arriba de Ciudad Juárez elevaron temporalmente el gasto del Río Bravo hasta 185 metros cúbicos por segundo durante la madrugada del 1 de octubre. Ese repunte ayudó a mostrar que un caudal puntual no equivale a una recuperación estructural: una avenida por lluvia puede aumentar el flujo durante horas, pero no necesariamente reponer los almacenamientos ni garantizar agua para el siguiente ciclo agrícola.
Quién queda expuesto del lado mexicano
La primera distinción que deben hacer las autoridades es entre agua contabilizada para el tratado y agua utilizable por la población. Una entrega internacional puede registrarse como cumplimiento mientras persisten restricciones para riego, menor margen de operación en presas o dificultades para abastecer a comunidades ubicadas a lo largo de la frontera.
Los usuarios más expuestos son los que dependen de una programación precisa: distritos de riego, productores de granos y forrajes, ganaderos, organismos operadores de agua potable y municipios que necesitan mantener reservas para consumo doméstico. En los afluentes tributarios, además, las decisiones de extracción y almacenamiento repercuten aguas abajo con diferentes tiempos y no afectan de la misma forma a todos los usuarios.
La SRE sostuvo que el cumplimiento se alcanzó sin poner en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos. Esa afirmación marca el criterio político del acuerdo, pero deberá comprobarse con indicadores locales: volúmenes asignados para riego, superficie sembrada, turnos de agua, niveles de pozos y continuidad del suministro municipal.
También existe una exposición bilateral. La agricultura del sur de Texas depende de que las entregas sean previsibles, mientras que México necesita evitar que la presión externa transforme una meta promedio del tratado en una obligación rígida desvinculada de la disponibilidad real. Mantener el diálogo técnico será clave para que la contabilidad no se convierta en una disputa recurrente cada vez que disminuyan las lluvias.
Los cinco datos que definirán el segundo año
El cierre del primer año ofrece un punto de partida, no una garantía. Para evaluar si el ciclo 37 puede sostenerse, conviene seguir al menos cinco señales:
- Almacenamiento en La Amistad y Falcón: no basta con conocer el porcentaje conjunto; también importa qué parte del agua corresponde a cada país y cómo cambia semana a semana.
- Escurrimientos de los seis afluentes: el Río Conchos y los ríos San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, junto con el arroyo de Las Vacas, son la base física del cálculo establecido en el tratado.
- Balance acumulado del ciclo: la cifra anual debe leerse junto con el avance hacia los 1.75 millones de acres-pie del quinquenio, así como con cualquier déficit heredado o compensación prevista.
- Asignaciones para usuarios mexicanos: las decisiones de Conagua, las autoridades estatales y los distritos de riego mostrarán si la entrega exterior está desplazando o no usos productivos y reservas internas.
- Lluvias y pronósticos de sequía: una temporada húmeda puede cambiar la disponibilidad, pero no conviene convertir un evento extraordinario en la base de la planeación pública.
El dato político del 24 de octubre es favorable para México: el país cumplió la meta mínima del primer año y evitó que la relación bilateral iniciara el segundo tramo del ciclo con una nueva controversia abierta. El dato hidrológico es menos tranquilizador. Con presas todavía bajas y aportaciones inciertas, el verdadero desafío será demostrar que el cumplimiento puede repetirse sin trasladar la escasez a los usuarios mexicanos. Para ello, la transparencia de la contabilidad y la publicación periódica de las reservas serán tan importantes como cualquier comunicado diplomático.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Relaciones Exteriores, plan técnico binacional del 3 de febrero de 2026.
- Comisión Internacional de Límites y Aguas, condiciones preliminares de presas y afluentes al 12 de octubre de 2026.
- CILA, reporte sobre el incremento temporal del gasto del Río Bravo en Ciudad Juárez, 1 de octubre de 2026.
- International Boundary and Water Commission, mecanismo de entregas y ciclo quinquenal del Río Grande.
- La Jornada, reporte del cumplimiento anunciado el 24 de octubre de 2026.
