La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entra en su fase más decisiva. El próximo 20 de julio de 2026, México y Estados Unidos se sentarán en la primera ronda bilateral de fondo desde que la revisión formal del tratado fue activada el pasado 1 de julio. Para este encuentro, la Secretaría de Economía ha definido seis prioridades que guiarán la postura negociadora de México.
El 1 de julio de 2026 marcó un parteaguas en la historia del T-MEC. Exactamente seis años después de su entrada en vigor, los tres países socios se reunieron virtualmente para realizar la primera revisión sexenal contemplada en el artículo 34.7 del tratado. Mientras México y Canadá respaldaron una extensión automática de 16 años adicionales, Estados Unidos optó por activar el mecanismo de revisiones anuales previsto en el propio acuerdo. Con esta decisión, el T-MEC permanece vigente al menos hasta 2036.
Las seis prioridades que México llevará a la mesa el 20 de julio son: primero, impedir la aplicación de medidas comerciales unilaterales; segundo, lograr la eliminación de los aranceles al acero y al aluminio mexicano; tercero, preservar la competitividad de la industria automotriz mexicana; cuarto, construir un marco de seguridad económica; quinto, resolver los temas bilaterales pendientes; y sexto, elevar la certidumbre jurídica para la inversión extranjera y nacional en México.
La agenda es ambiciosa, pero el contexto es desafiante. La administración estadounidense ha dejado claro que su prioridad es reducir el déficit comercial con México, que en 2025 alcanzó niveles históricos. Las presiones se centran en las reglas de contenido regional para el sector automotriz y el control del origen de componentes de fabricación china que ingresan al mercado estadounidense a través de México.
Para la industria mexicana, los aranceles al acero y aluminio son quizás el punto más urgente. Estos gravamenes encarecen la producción de bienes manufacturados en México y reducen su competitividad frente a proveedores de terceros países. El sector automotriz, por su parte, es el corazón del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, representando alrededor del 25 por ciento de las exportaciones mexicanas totales en 2025.
Las reglas de origen del T-MEC exigen que los vehículos ensamblados en la región contengan al menos 75 por ciento de componentes norteamericanos para acceder a los beneficios arancelarios del tratado. Estados Unidos busca elevar ese umbral y endurecer la definición de contenido regional, lo que obligaría a las armadoras a ajustar sus cadenas de suministro.
México también llevará a la mesa un listado de 13 reclamos formales contra prácticas comerciales de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sido enfático al señalar que México no negociará desde una posición de debilidad. El país es el primer socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio que supera el billón y medio de dólares anuales.
Los analistas coinciden en que el resultado de la ronda del 20 de julio dará la pauta para el resto del proceso de revisión. Si se logra establecer una hoja de ruta clara y se alcanzan acuerdos parciales, la certidumbre para la inversión podría mejorar significativamente en el segundo semestre. En caso contrario, la incertidumbre continuará pesando sobre las decisiones de inversión de largo plazo en los sectores de manufactura avanzada, energía y nearshoring.
Lo que está en juego es enorme. El T-MEC no es solo un acuerdo comercial: es la arquitectura que define la integración productiva de América del Norte y la plataforma sobre la que se sostiene buena parte del modelo de desarrollo económico de México. La mesa del 20 de julio será, en muchos sentidos, la negociación más importante que México enfrenta en la década.
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