La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyos resultados se presentaron el 22 de septiembre de 2026, encontró que 6.5% de los hogares en México experimentó falta de acceso a los alimentos por carencia de dinero o recursos. La información, levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 en viviendas de todo el país, muestra diferencias importantes entre entidades: Tabasco registró 15.32% de hogares en esa situación, Oaxaca 10.13% y Campeche 9.94%, de acuerdo con los datos reportados por La Jornada. El hallazgo coloca a la inseguridad alimentaria México EIC 2025 como un problema territorial, no como una realidad homogénea.
El dato nacional equivale, según el reporte periodístico basado en la encuesta, a cerca de 2.59 millones de hogares. Sin embargo, no significa que todas las personas de esos hogares hayan vivido exactamente la misma experiencia ni que el indicador mida por sí solo desnutrición. La pregunta identifica restricciones en el acceso a los alimentos por falta de dinero o recursos y permite observar distintas manifestaciones de esa carencia dentro de los hogares.
En breve
- 6.5% de los hogares reportó falta de acceso a alimentos por falta de dinero o recursos.
- Tabasco, Oaxaca y Campeche registraron las proporciones estatales más altas: 15.32%, 10.13% y 9.94%, respectivamente.
- La presencia de menores agrava las consecuencias: en los hogares afectados se reportaron menor variedad de alimentos, porciones reducidas y episodios de hambre.
El promedio nacional oculta diferencias relevantes
La EIC 2025 es una actualización estadística de gran alcance. El INEGI señala que el ejercicio reunió información de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas y que sus resultados son representativos para el país, las 32 entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales. También incorporó cinco preguntas sobre alimentación, una ampliación temática que permite observar un aspecto que no puede explicarse únicamente con el tamaño de la población o el ingreso promedio.
La distancia entre el promedio nacional y las entidades con mayores proporciones es uno de los puntos centrales. Si 6.5% describe el conjunto del país, el 15.32% observado en Tabasco representa más del doble de esa referencia. La comparación no debe utilizarse para etiquetar a una entidad completa, pero sí para identificar dónde la combinación de ingresos insuficientes, aislamiento geográfico, empleo precario, encarecimiento de alimentos o dificultades de abasto puede producir mayores riesgos.
La información disponible también aconseja evitar una lectura limitada al sureste. Las cifras estatales muestran una distribución desigual, pero para diseñar intervenciones eficaces será necesario revisar los datos por municipio, tamaño de localidad y tipo de hogar. Dos comunidades de un mismo estado pueden enfrentar problemas muy distintos: una puede tener alimentos disponibles pero ingresos insuficientes; otra puede contar con recursos monetarios intermitentes y, al mismo tiempo, enfrentar largas distancias hasta los mercados o interrupciones en las cadenas de suministro.
Cuando hay menores, el impacto puede ser más severo
La carencia alimentaria no afecta de la misma forma a todos los hogares. Según el reporte de La Jornada sobre los resultados intercensales, entre los hogares con limitaciones de acceso a los alimentos y presencia de menores, 55.4% señaló que la alimentación se basó en poca variedad. Además, alrededor de 38% reportó que algún niño, niña o adolescente comió menos de lo que debía, mientras que cerca de 37% indicó que a un menor se le sirvió menos comida.
El mismo reporte identificó episodios de hambre entre personas menores de edad: 19.9% de los hogares afectados indicó que algún menor sintió hambre pero no comió; 19.2% señaló que alguien se acostó con hambre y 17.4% reportó que una persona menor comió sólo una vez al día o dejó de ingerir alimentos durante un día. Estos datos no describen únicamente una reducción en la calidad de la dieta. También muestran decisiones de ajuste dentro del hogar, como reducir porciones, eliminar comidas o sustituir alimentos variados por opciones más baratas.
En los hogares integrados sólo por personas adultas también se registraron restricciones. La información reportada señala que 31% de esos hogares indicó que alguna persona sintió hambre pero no comió y que 27.9% comió sólo una vez al día o dejó de comer durante 24 horas. La diferencia entre grupos refuerza la necesidad de que los programas públicos consideren composición familiar, edad y responsabilidades de cuidado.
Qué factores deben cruzarse con la encuesta
El valor principal de los nuevos datos no está sólo en establecer un porcentaje nacional, sino en permitir cruces con otras variables. La primera es el ingreso. La falta de acceso por carencia de dinero apunta a una relación directa con la capacidad de compra, pero la encuesta debe leerse junto con información sobre empleo, informalidad, salarios, transferencias y variaciones regionales de precios.
La segunda variable es la ruralidad. En comunidades campesinas, indígenas o alejadas de los centros urbanos, el problema puede incluir costos de transporte, menor competencia entre comercios, dependencia de cosechas de autoconsumo y mayor vulnerabilidad ante sequías o falta de agua. Esto no implica que la inseguridad alimentaria sea exclusivamente rural: también puede presentarse en zonas metropolitanas donde el costo de la vivienda, el transporte y los alimentos presiona el presupuesto familiar.
La tercera es la presencia de menores. Los hogares con niñas, niños y adolescentes tienen necesidades alimentarias específicas y, ante una reducción del ingreso, pueden priorizar a algunos integrantes o disminuir la cantidad y variedad de los alimentos. Por eso, un programa general de transferencias puede no producir el mismo resultado que una intervención que combine ingreso, alimentación escolar, atención nutricional y acceso cercano a productos frescos.
La agenda pública: pasar del promedio a la focalización
Los resultados abren una agenda para los tres órdenes de gobierno. El primer paso debería ser elaborar mapas municipales de inseguridad alimentaria que integren la proporción de hogares afectados con indicadores de pobreza, población infantil, ruralidad, pertenencia indígena, conectividad y disponibilidad de servicios. El objetivo no sería crear rankings, sino identificar combinaciones de riesgos y orientar los recursos hacia los territorios con mayores necesidades.
El segundo paso consiste en revisar la cobertura real de los programas alimentarios y sociales. La pregunta no es únicamente cuántos apoyos se entregan, sino si llegan a las localidades con mayores porcentajes, con qué periodicidad y si son suficientes para enfrentar el costo de una dieta variada. También conviene evaluar si los apoyos se interrumpen durante temporadas de sequía, inundaciones, desempleo agrícola o alzas de precios.
El tercer componente es la coordinación con los sistemas de abasto. En algunas regiones puede ser más efectivo fortalecer comedores escolares, compras públicas a productores locales, mercados comunitarios, transporte de alimentos o infraestructura de almacenamiento que concentrar toda la respuesta en transferencias monetarias. La estrategia deberá adaptarse a las condiciones de cada territorio.
Para las empresas, el diagnóstico también tiene implicaciones. Los distribuidores y productores pueden utilizar la información territorial para revisar rutas, puntos de venta y disponibilidad de alimentos básicos. No sustituye la responsabilidad del Estado ni resuelve por sí solo las restricciones de ingreso, pero puede ayudar a detectar zonas donde la oferta comercial es insuficiente o demasiado costosa.
Una medición que requiere seguimiento
La EIC 2025 ofrece una fotografía amplia de la situación, pero la política pública necesita observar su evolución. La inseguridad alimentaria puede aumentar o disminuir con cambios en el empleo, la inflación, el clima, las cosechas y los precios regionales. Por ello, los resultados intercensales deberían convertirse en una línea base para medir avances y no en un dato aislado.
El reto será mantener la precisión conceptual. No todos los hogares con poca variedad de alimentos enfrentan el mismo nivel de privación y no todo episodio de reducción en el consumo tiene la misma duración. La desagregación por edad, entidad, municipio y tipo de hogar puede ayudar a distinguir entre problemas temporales y situaciones persistentes.
La principal conclusión es clara: el 6.5% nacional importa, pero no basta. Las diferencias entre Tabasco, Oaxaca, Campeche y el resto del país muestran que la respuesta debe combinar ingresos, abasto, nutrición, servicios y conocimiento local. Leer la inseguridad alimentaria México EIC 2025 con ese enfoque permitiría pasar de una cifra general a una agenda concreta de prevención y atención.
Fuentes consultadas
- INEGI, Encuesta Intercensal 2025. Información metodológica, cobertura temática, periodo de levantamiento y alcance de los resultados.
- La Jornada, “En 6 de cada 100 hogares, inseguridad alimentaria”, 27 de septiembre de 2026. Datos nacionales, estatales y desagregación por presencia de menores y personas adultas.
- SNIEG, Resultados de la Encuesta Intercensal 2025, 24 de septiembre de 2026. Contexto institucional y cobertura del ejercicio estadístico.
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