El Gobierno federal adelantó el 4 de septiembre de 2026 que propondrá en el Paquete Económico 2027 un mecanismo de trazabilidad digital para seguir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas y el diésel desde la importación hasta la venta final en México. La medida, atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), será entregada formalmente al Congreso de la Unión el 8 de septiembre, aunque todavía no se conocen el texto legal, los plazos ni las obligaciones específicas para importadores, distribuidores y gasolineras.
La propuesta busca combatir el contrabando de combustibles y la evasión fiscal asociada al llamado huachicol fiscal. En términos prácticos, el objetivo sería que la autoridad pueda comparar los datos de entrada del producto al país con sus movimientos posteriores, la facturación, el pago del IEPS y la venta al consumidor. Sin embargo, conviene distinguir entre rastrear fiscalmente una operación y controlar físicamente el combustible: la primera tarea depende de bases de datos, facturas, permisos y declaraciones; la segunda requiere inspecciones, mediciones, vigilancia logística y coordinación operativa.
En breve
- La propuesta se perfila para el Paquete Económico 2027, cuya entrega constitucional está prevista para el 8 de septiembre de 2026.
- El Gobierno busca seguir el IEPS y detectar inconsistencias entre importaciones, transporte, almacenamiento, facturación y ventas.
- El impacto en precios, costos para las gasolineras y recaudación no puede calcularse hasta conocer la iniciativa y sus reglas de operación.
Qué se sabe hasta ahora
La información disponible describe una propuesta en preparación, no una reforma aprobada. La Jornada reportó que Sheinbaum adelantó que el SAT trabaja en mecanismos de trazabilidad y que el seguimiento abarcaría el combustible desde su importación hasta la venta. El Canal del Congreso, por su parte, señaló que la medida pretende combatir la evasión fiscal y el huachicol fiscal, y recogió la explicación del diputado Ricardo Monreal de que una mayor trazabilidad implicaría vigilar el origen, destino y consumo del producto.
El calendario oficial de la Secretaría de Hacienda establece que el Ejecutivo debe entregar el Paquete Económico a más tardar el 8 de septiembre de cada año. El paquete reúne, entre otros documentos, los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y las propuestas de cambios fiscales. Por eso, hasta que Hacienda entregue la documentación, no es posible confirmar si la trazabilidad del IEPS requerirá modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al Código Fiscal de la Federación, a reglas administrativas o a varias normas al mismo tiempo.
Cómo funcionaría una trazabilidad fiscal
Una cadena de trazabilidad fiscal puede integrar información de distintos momentos de la comercialización. En el caso de los combustibles, la autoridad podría revisar los permisos de importación, los pedimentos aduaneros, los comprobantes fiscales, los registros de transporte, los volúmenes recibidos en terminales y estaciones de servicio, así como las declaraciones y pagos de impuestos.
El punto central sería identificar discrepancias. Por ejemplo, una empresa podría declarar la importación de determinado volumen, pero después facturar una cantidad mayor; también podría registrar ventas sin demostrar un suministro suficiente, utilizar documentos de proveedores irregulares o reportar un producto y comercializar otro. Esos cruces no prueban por sí solos un delito, pero permiten seleccionar operaciones para auditorías, revisiones aduaneras o investigaciones.
El Gobierno ya cuenta con antecedentes recientes en esta dirección. El SAT informó en marzo de 2026 que, desde el 24 de abril, entraría en vigor el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos dentro del CFDI. Ese instrumento fue presentado como parte de una estrategia coordinada con la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para combatir el robo, la corrupción y el contrabando técnico de combustibles.
Además, en una conferencia del 2 de septiembre, la Presidencia informó que existe una base de datos de trazabilidad en la que participan el SAT, Aduanas, la Secretaría de Energía y Pemex. De acuerdo con esa explicación, las dependencias revisan semanalmente posibles irregularidades. Esto sugiere que la propuesta del Paquete Económico podría buscar consolidar o ampliar mecanismos que ya están en funcionamiento, aunque todavía no se ha informado si habrá una nueva plataforma, más datos obligatorios o sanciones específicas.
Qué no significa necesariamente
La trazabilidad del IEPS no equivale automáticamente a un nuevo impuesto ni a un incremento de la tasa que pagan los consumidores. El IEPS ya se aplica a las gasolinas y el diésel bajo un esquema que también puede incorporar estímulos fiscales para suavizar las variaciones de precios. La medida anunciada parece enfocarse en verificar que el impuesto causado sea declarado y enterado correctamente, no en cambiar por sí misma la cuota aplicable.
Tampoco significa que cada litro vaya a ser vigilado mediante un dispositivo físico independiente. La palabra trazabilidad puede referirse a la capacidad de reconstruir una operación a partir de documentos y registros digitales. Para que el sistema sea eficaz, no obstante, tendría que conectarse con controles físicos: mediciones de inventarios, verificaciones en terminales y estaciones, revisión de pipas, control aduanero y comprobación de permisos.
Posibles efectos para gasolineras y consumidores
Para las estaciones de servicio que operan formalmente, el nuevo esquema podría representar más obligaciones administrativas. Entre ellas estarían la actualización de sistemas de facturación, la entrega de información adicional, la conciliación frecuente de inventarios y la conservación de documentos que acrediten el origen del combustible. El costo dependerá de si el Gobierno aprovecha herramientas ya existentes o exige inversiones tecnológicas nuevas.
También puede haber efectos distintos según el tamaño de la empresa. Las grandes cadenas suelen contar con sistemas de control y personal especializado, mientras que las estaciones independientes podrían enfrentar mayores costos de adaptación. Por ello, la iniciativa tendrá que precisar periodos de transición, reglas claras, mecanismos de corrección y canales para impugnar bloqueos o sanciones derivados de errores de captura.
Para los consumidores, el beneficio esperado sería indirecto: reducir la evasión podría fortalecer la recaudación sin elevar las tasas, mejorar la competencia frente a quienes venden producto de origen irregular y disminuir riesgos asociados con combustibles de calidad o procedencia incierta. Pero también existe la posibilidad de que parte de los costos regulatorios se traslade a la cadena comercial. No hay elementos suficientes para afirmar que la medida aumentará o reducirá el precio de la gasolina.
Las preguntas que deberá responder el Paquete Económico
La iniciativa tendrá que aclarar qué autoridad administrará la plataforma, qué datos deberán reportarse, con qué frecuencia se actualizarán y cómo se protegerá la información comercial. También deberá establecer cómo se coordinarán el SAT, Aduanas, Energía, Pemex, la Comisión Nacional de Energía y otras instituciones que participan en la supervisión del mercado.
Otro punto clave será la relación entre una inconsistencia fiscal y una posible responsabilidad penal. Una diferencia entre facturas, inventarios e importaciones puede deberse a un error, una merma, un problema de medición o una operación ilícita. El diseño deberá evitar sanciones automáticas sin revisión, pero también impedir que la complejidad administrativa se convierta en un refugio para empresas que deliberadamente oculten el origen o destino del combustible.
La entrega del 8 de septiembre será, por tanto, el momento para pasar del anuncio político al análisis técnico. La discusión legislativa deberá revisar si el mecanismo mejora la capacidad de cobro del Estado, cuánto costará implementarlo y cómo evitará afectar desproporcionadamente a las empresas cumplidas y a los hogares.
Fuentes consultadas
- Canal del Congreso, “Detalla entrega del Paquete Económico 2027”, 4 de septiembre de 2026.
- La Jornada, “El fisco rastrearía huachicol por medio del IEPS”, 4 de septiembre de 2026.
- Presidencia de la República, versión estenográfica de la conferencia del 2 de septiembre de 2026.
- Servicio de Administración Tributaria, comunicado sobre el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, 27 de marzo de 2026.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, calendario y descripción del Paquete Económico.
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