Paquete Económico 2027: Hacienda apuesta por recaudar más, pero el gasto reduce el margen fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el 8 de septiembre de 2026 al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027 México, integrado por los criterios macroeconómicos, la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y la miscelánea fiscal. La propuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum plantea elevar la recaudación, combatir la evasión y el llamado huachicol fiscal, y mantener recursos relevantes para salud, educación e inversión, en un escenario de crecimiento moderado y con un margen cada vez menor para ajustar las finanzas públicas.

El paquete todavía no es el presupuesto definitivo. Las cámaras del Congreso deberán discutir, modificar y aprobar sus componentes durante el periodo legislativo que concluirá, en el caso del gasto, antes de que termine octubre. Por eso, las cifras presentadas por Hacienda deben leerse como una propuesta de política económica y no como una garantía de que cada asignación llegará intacta al ejercicio fiscal de 2027.

En breve

Hacienda estima que el PIB mexicano crecerá entre 1.5% y 2.5% en 2027, con una previsión central cercana a 2%.
Los ingresos tributarios se proyectan en 6.2 billones de pesos, un aumento de 5.9% frente al cierre estimado de 2026, sin una reforma fiscal integral.
El reto principal será conciliar la reducción del déficit con el aumento de pensiones, programas sociales, obligaciones financieras y apoyos a empresas públicas como Pemex.

La apuesta de Hacienda: crecer poco, recaudar más

Los documentos presentados por Hacienda parten de una previsión de crecimiento del PIB de entre 1.5% y 2.5% para 2027. También consideran una inflación cercana a 3%, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar al cierre del año y un precio de la mezcla mexicana de 61.8 dólares por barril. La plataforma petrolera se ubica en torno a 1.8 millones de barriles diarios.

El supuesto macroeconómico central es relevante porque de él depende buena parte de la recaudación. Si la economía crece menos de lo previsto, podrían ingresar menos recursos por ISR e IVA; si el peso, el petróleo o las exportaciones se comportan de manera distinta a lo calculado, también cambiaría el espacio disponible para financiar el gasto.

Hacienda calcula recursos totales por 10.6 billones de pesos, de los cuales alrededor de 9.1 billones serían ingresos presupuestarios y el resto correspondería a financiamiento. La recaudación tributaria alcanzaría 6.2 billones de pesos, impulsada por aumentos esperados de 7.2% en el ISR y de 10.5% en el IEPS.

La estrategia no descansa en la creación de nuevos impuestos generales. En cambio, propone fortalecer la fiscalización, ampliar la base de contribuyentes y cerrar espacios a las factureras y a las deducciones indebidas. Entre los cambios planteados aparece una modificación a la Ley del ISR para que la contribución empresarial guarde mayor relación con la capacidad económica de cada compañía.

El combate al huachicol fiscal ocupa un lugar destacado. El término se refiere, entre otras prácticas, a la introducción y comercialización irregular de combustibles mediante subvaluación, contrabando o documentación falsa. La propuesta busca mejorar la trazabilidad de las operaciones y reforzar la vigilancia aduanera y tributaria. Para las empresas formales, esto puede significar una competencia más pareja; para importadores, distribuidores y estaciones de servicio, también implica mayores controles y costos de cumplimiento.

Menos déficit, pero con obligaciones difíciles de recortar

El Gobierno pretende que los requerimientos financieros del sector público representen 3.9% del PIB en 2027, frente a una meta previa de 3.5% en los precriterios. La cifra busca mostrar una trayectoria de consolidación fiscal después de que el déficit amplio alcanzara niveles elevados en los últimos años.

El problema es que la reducción del déficit no depende únicamente de ordenar el gasto discrecional. Una parte importante del presupuesto está comprometida por pensiones, transferencias sociales, participaciones y aportaciones a estados y municipios, costo financiero de la deuda, servicios personales y obligaciones de las empresas públicas. Esos rubros no pueden disminuir con rapidez sin afectar derechos, contratos o servicios esenciales.

El diagnóstico publicado por Hacienda anticipa ingresos petroleros con menor peso estructural, mientras que el análisis de especialistas citado por El País México advierte que la base tributaria sigue siendo limitada y que el apoyo a Pemex representa un riesgo contingente. En otras palabras, el Gobierno intenta cerrar la brecha fiscal sin una reforma hacendaria amplia, apoyándose en una mejor administración de los impuestos y en supuestos de crecimiento que podrían resultar exigentes.

Qué partidas concentran el gasto

La propuesta contempla más de 1.1 billones de pesos para salud y alrededor de 1.3 billones para educación. También reserva 2.6% del PIB para inversión física presupuestaria, con la intención de financiar infraestructura, conectar regiones y ampliar la capacidad productiva.

Sin embargo, el aumento nominal de una función no necesariamente significa que todos sus programas ganen poder de compra. Para conocer quién recibe más o menos recursos será necesario comparar cada ramo y programa con el presupuesto aprobado de 2026, descontando la inflación y revisando si el incremento corresponde a gasto corriente, inversión o transferencias.

En energía aparece una de las principales zonas de ajuste. De acuerdo con la revisión del Proyecto de Presupuesto reportada por El Financiero, la Comisión Federal de Electricidad tendría una propuesta de 523 mil 747 millones de pesos, equivalente a una disminución real de 8.5%. La Secretaría de Energía también enfrentaría una reducción relevante respecto de 2026. El dato importa porque el sector energético concentra necesidades de inversión, mantenimiento, transmisión y respaldo financiero a Pemex.

La comparación también debe observar los recursos para estados y municipios. Las participaciones federales dependen de la recaudación y de fórmulas legales, mientras que las aportaciones tienen destinos específicos, como educación, salud e infraestructura social. Una recaudación menor a la prevista no necesariamente cancela de inmediato las transferencias, pero sí puede presionar las disponibilidades de la Federación y limitar ampliaciones durante el año.

Cómo puede afectar a empresas y hogares

Para las empresas, el principal cambio no sería un nuevo impuesto general, sino una fiscalización más intensa. Las modificaciones al ISR, los controles contra facturas falsas y la trazabilidad de combustibles pueden elevar la carga administrativa de quienes operan formalmente. Al mismo tiempo, buscan reducir ventajas para negocios que evaden o subdeclaran operaciones.

Los hogares podrían resentir los efectos de manera indirecta. Una mayor recaudación puede sostener servicios y programas sociales, pero también puede reflejarse en precios si aumentan ciertos componentes del IEPS o si se endurecen controles en cadenas de suministro. El impacto dependerá de las tasas que finalmente apruebe el Congreso y de la forma en que las empresas trasladen sus costos.

Para los estados, el punto crítico será la evolución de las transferencias y del gasto federalizado. Las entidades con menor capacidad recaudatoria dependen en mayor medida de los recursos federales, por lo que una desaceleración económica puede reducir su margen para infraestructura, seguridad, salud y servicios públicos.

Los riesgos que decidirán si el plan es sostenible

El primer riesgo es macroeconómico: que el crecimiento sea inferior al rango previsto. El segundo es petrolero, por la producción, el precio internacional y la situación financiera de Pemex. El tercero es financiero: tasas de interés más altas elevarían el costo de la deuda y desplazarían recursos que podrían destinarse a inversión.

También existe un riesgo de ejecución. Recaudar más mediante fiscalización requiere capacidad tecnológica, coordinación entre autoridades y litigios exitosos cuando los contribuyentes impugnan créditos fiscales. No es seguro que todas las ganancias estimadas se materialicen en el mismo año.

La discusión legislativa pondrá frente a frente dos objetivos difíciles de conciliar: preservar los programas y servicios que el Gobierno considera prioritarios, y demostrar a los mercados y a las calificadoras que el déficit seguirá una trayectoria descendente. El resultado dirá cuánto del ajuste recaerá en el gasto discrecional, cuánto dependerá de ingresos extraordinarios y cuánto espacio quedará para responder a una eventual desaceleración.

Por ahora, el Paquete Económico 2027 ofrece una señal clara: Hacienda busca más ingresos sin presentar una reforma fiscal de gran calado. La apuesta puede funcionar si la economía mantiene el dinamismo esperado y la fiscalización genera recursos adicionales. Pero si el crecimiento decepciona o aumentan las obligaciones de Pemex, pensiones y programas sociales, el margen fiscal será todavía más estrecho y las decisiones sobre recortes, deuda o nuevos ingresos volverán al centro del debate público.