Paquete Económico 2027: Hacienda busca recaudar más con fiscalización y formalidad, sin subir impuestos generales

El Gobierno federal entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027 el 8 de septiembre y las cámaras formalizaron su recepción el 9 de septiembre de 2026, en la Ciudad de México. La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5%, ingresos presupuestarios equivalentes a 23.2% del PIB y un déficit amplio de 3.9% del PIB; para elevar la recaudación, plantea combatir la evasión, ampliar el Régimen Simplificado de Confianza y reforzar la trazabilidad de las operaciones digitales, sin proponer un aumento general de las tasas impositivas. El proyecto aún no es ley y deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente. Canal del Congreso informó sobre la entrega formal. ([canaldelcongreso.gob.mx](https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/10264))

En breve

Hacienda estima un crecimiento de 1.5% a 2.5% para México en 2027, inflación de 3% al cierre del año y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar.
La estrategia de ingresos descansa en una fiscalización más intensa, controles a deducciones y pérdidas fiscales, y medidas para incorporar a más contribuyentes al RESICO.
La propuesta puede cambiar durante el debate legislativo: la Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre, el Senado el 31 de octubre y el Presupuesto de Egresos el 15 de noviembre.

Una promesa de no subir impuestos con más vigilancia

La presentación del paquete ocurre bajo una definición política precisa: el Ejecutivo busca aumentar los ingresos públicos sin una reforma fiscal general que eleve las tasas del Impuesto Sobre la Renta, el IVA u otros gravámenes de aplicación amplia. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la ruta será reducir la evasión y mejorar la eficiencia recaudatoria. Hacienda, por su parte, proyecta que los ingresos tributarios crezcan 5.9% en términos reales durante 2027, de acuerdo con la explicación pública difundida tras la entrega del documento. La Jornada reportó las líneas expuestas por la presidenta y el secretario de Hacienda. ([jornada.com.mx](https://www.jornada.com.mx/2026/09/10/economia/016n1eco))

La diferencia entre una tasa sin cambios y una carga fiscal sin cambios es importante. Una empresa puede enfrentar un mayor pago efectivo si se reducen los espacios para deducir ciertos gastos, se limita el uso de pérdidas de años anteriores o se exige una documentación más completa para demostrar que una operación fue real y necesaria. En otras palabras, el proyecto no plantea necesariamente un nuevo impuesto para todos, pero sí intenta que una proporción mayor de los ingresos empresariales quede sujeta al cálculo ordinario del ISR.

Los documentos y análisis técnicos sobre la iniciativa identifican un mecanismo de control para deducciones autorizadas y pérdidas fiscales en empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. También se ha señalado una propuesta para limitar el aprovechamiento anual de pérdidas fiscales, de modo que no puedan reducir por completo la utilidad gravable de algunos contribuyentes. El alcance final dependerá del texto aprobado por el Congreso y de las reglas que, en su caso, emita el Servicio de Administración Tributaria.

Qué puede cambiar para empresas y trabajadores independientes

Micronegocios y profesionistas

La ampliación del RESICO es el componente de incorporación a la formalidad. La propuesta elevaría el umbral de ingresos para personas físicas de 3.5 a 5 millones de pesos anuales y para personas morales de 35 a 50 millones, según una revisión especializada del proyecto fiscal. PwC México identificó esos cambios entre las principales propuestas. ([pwc.com](https://www.pwc.com/mx/es/reformafiscal.html?utm_source=openai))

Para una persona que trabaja por cuenta propia, una fonda, una tienda, un pequeño despacho o un negocio familiar, el atractivo del régimen es la posibilidad de cumplir con una mecánica más sencilla que la de otros esquemas. Sin embargo, entrar al RESICO no elimina la necesidad de emitir comprobantes fiscales, presentar información correcta y conservar evidencia de los ingresos. La simplificación puede reducir trámites, pero no convierte las ventas en efectivo o digitales en operaciones invisibles para la autoridad.

El efecto práctico será distinto según cada negocio. Un profesionista que ya factura y cobra mediante transferencia podría encontrar más fácil demostrar sus operaciones. En cambio, un comercio que mezcla ingresos personales y empresariales, no registra inventarios o recibe pagos en varias plataformas tendría que ordenar primero sus procesos. La formalidad también implica costos: contabilidad, facturación, conciliación bancaria y atención a requerimientos del SAT.

Empresas medianas y grandes

Para las compañías de mayor tamaño, el debate se concentra en el límite a deducciones y pérdidas, los pagos al extranjero, las operaciones entre partes relacionadas y el uso de estructuras que disminuyen artificialmente la base gravable. Hacienda presenta estas modificaciones como una forma de combatir facturas falsas y esquemas de elusión; las empresas deberán revisar si sus contratos, comprobantes, servicios recibidos y papeles de trabajo soportan cada deducción.

Ese cambio puede elevar la recaudación sin modificar nominalmente la tasa del ISR, pero también puede aumentar la incertidumbre si las reglas son ambiguas. El Congreso tendrá que definir con precisión qué contribuyentes estarán sujetos a los controles, cómo se calcularán los límites, qué ocurrirá con pérdidas generadas antes de 2027 y qué medios de defensa tendrán las empresas ante una discrepancia con la autoridad.

La digitalización busca cerrar espacios de evasión

El paquete y las iniciativas relacionadas colocan los pagos electrónicos y la economía digital en el centro de la estrategia de formalización. La lógica es que una mayor trazabilidad de transferencias, cobros con tarjeta, billeteras digitales y operaciones en plataformas puede ayudar a identificar ingresos no declarados y reducir el uso de facturas apócrifas.

La Ley de Economía Digital mencionada por el Gobierno no debe confundirse automáticamente con un impuesto nuevo. Su función propuesta sería ordenar y supervisar distintos participantes del ecosistema de pagos, aunque sus efectos concretos dependerán del texto legislativo y de las disposiciones secundarias. Para negocios pequeños, esto puede significar más opciones de cobro y acceso a servicios financieros, pero también la obligación de conciliar con mayor exactitud lo vendido, lo cobrado y lo declarado.

La transición no será neutral para todos. En zonas con baja conectividad, para personas sin cuenta bancaria o en actividades donde el efectivo sigue siendo dominante, la digitalización puede representar una barrera adicional. Por eso, el debate legislativo deberá considerar no sólo la capacidad recaudatoria de los controles, sino también el costo de cumplimiento y el acceso real a infraestructura financiera.

El margen económico del proyecto

Hacienda plantea un escenario de crecimiento moderado, con una previsión puntual cercana a 2% dentro del rango de 1.5% a 2.5%, inflación de 3% y déficit amplio de 3.9% del PIB. El Congreso recibió además una propuesta que, según la información oficial, destina recursos relevantes a programas sociales, educación e infraestructura en salud. El Canal del Congreso resumió las principales variables macroeconómicas y el calendario de aprobación. ([canaldelcongreso.gob.mx](https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/10264?utm_source=openai))

El reto consiste en que la recaudación esperada depende en buena medida de que el SAT convierta los cambios legales en ingresos efectivos. Fiscalizar más no garantiza automáticamente cobrar más: se necesitan sistemas tecnológicos, personal especializado, criterios consistentes y procesos de defensa que no se prolonguen durante años. También existe el riesgo de que una carga administrativa excesiva desincentive la formalización de negocios pequeños.

Qué falta por definir

La entrega del paquete abrió el proceso, pero no cerró el resultado. La Cámara de Diputados revisará la Ley de Ingresos, las reformas fiscales y el Proyecto de Presupuesto de Egresos; el Senado analizará la Ley de Ingresos una vez que sea aprobada por los diputados. Las comisiones pueden modificar artículos, eliminar propuestas o incorporar cambios durante la discusión.

Para la ciudadanía, la pregunta relevante no es únicamente si habrá o no nuevos impuestos. También importa saber quién quedará obligado a reportar más información, qué deducciones se conservarán, cómo se aplicarán los límites a las pérdidas y si el RESICO será suficientemente sencillo para atraer a quienes hoy trabajan en la informalidad. La respuesta dependerá del dictamen final y de las reglas operativas que se publiquen antes de la entrada en vigor del ejercicio fiscal 2027.