CDMX: 57,911 millones en inversión, pero el ingreso no mejora igual para todos

La Ciudad de México tiene presupuestados 57,911 millones de pesos para inversión pública en 2026, una cifra que la coloca como el principal foco de gasto de capital del país y que representa un aumento de 31.2% frente a lo aprobado para 2025. El contraste está en otro indicador: la recuperación del ingreso laboral y del poder adquisitivo no avanza con la misma intensidad para toda la población.

El problema no es únicamente cuánto dinero se anuncia, sino cuánto se convierte en infraestructura terminada, servicios más baratos o empleos con seguridad social. La información oficial disponible muestra una economía capitalina con una tasa de informalidad laboral de 44.2% en el primer trimestre de 2026, mientras la participación económica de las mujeres fue de 54.7%, frente a 72.4% entre los hombres. La inversión, por sí sola, no elimina esas diferencias.

El presupuesto se concentra en movilidad, agua y obra urbana

El diseño del paquete económico ayuda a entender el mecanismo esperado. La Secretaría de Administración y Finanzas planteó 43,749 millones de pesos para movilidad, incluidos 25,000 millones para el Metro, recursos para tres nuevas líneas de Cablebús y 3,149 millones para el Servicio de Transportes Eléctricos. También propuso 18,600 millones para la Secretaría de Obras y 19,000 millones para la gestión integral del agua.

La lógica económica es directa: una red de transporte más confiable puede reducir el tiempo y el costo de traslado; una infraestructura hidráulica con menos fallas puede disminuir gastos extraordinarios de hogares y negocios; y la obra urbana puede generar empleos durante su construcción y mejorar la conectividad de zonas con menor acceso a servicios.

Sin embargo, esos efectos dependen de dónde se ejecuten los proyectos y de quién los utilice. Una ampliación de transporte que conecta zonas periféricas con centros laborales puede tener un efecto distributivo mayor que una obra concentrada en áreas con mejores ingresos. Lo mismo ocurre con el agua: reparar una red en una colonia con abasto irregular puede liberar dinero y tiempo familiar, aunque ese beneficio no aparezca de inmediato en los indicadores generales de salarios.

El Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, conocido como FIMAS, es una pieza central del esquema. La autoridad calcula que aportará 10,000 millones de pesos en 2026, provenientes principalmente del aumento del impuesto sobre nóminas. El mecanismo vincula la recaudación asociada al empleo formal con proyectos urbanos, pero también obliga a observar si el mayor costo para los empleadores se traduce en servicios públicos que reduzcan costos para trabajadores y empresas.

La cifra aprobada todavía no equivale a obra terminada

El segundo filtro es la ejecución. El monto de 57,911 millones de pesos describe una asignación presupuestaria; no significa que todo el recurso ya haya sido contratado, devengado o pagado. El Informe de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas reportó para enero-marzo de 2026 un gasto devengado de 44,512.8 millones de pesos dentro del estado analítico del Poder Ejecutivo, frente a un presupuesto aprobado de 242,729.5 millones. Esa comparación corresponde al gasto general del Poder Ejecutivo, no exclusivamente a la inversión pública, por lo que no debe utilizarse como si fuera el porcentaje de avance de los 57,911 millones.

La distinción es relevante para la ciudadanía. Un presupuesto puede estar aprobado y una obra puede tener recursos asignados, pero el beneficio cotidiano sólo aparece cuando existen contratos, calendarios, supervisión, avances físicos y puesta en operación. En el caso del Instituto de Vivienda, por ejemplo, el mismo informe registra 850.5 millones de pesos devengados durante el primer trimestre sobre un presupuesto aprobado de 6,248.7 millones. Es un dato sectorial, no una medida del conjunto de la inversión, pero ilustra por qué la ejecución debe revisarse dependencia por dependencia.

La información pública también requiere separar las cifras que pertenecen a distintas categorías. El presupuesto de las alcaldías, el gasto de las secretarías y los recursos de fideicomisos pueden tener reglas y calendarios diferentes. Por ello, la pregunta útil no es sólo si aumentó el presupuesto, sino qué porcentaje de cada proyecto avanzó, cuántas obras terminaron y qué indicadores de servicio cambiaron en las zonas beneficiadas.

La recuperación del ingreso tiene una base desigual

Los datos laborales muestran el límite de una lectura triunfalista. En el primer trimestre de 2026, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo registró para la capital una tasa de informalidad laboral de 44.2%. La cifra fue de 44.6% entre las mujeres y de 43.9% entre los hombres. La informalidad no implica automáticamente bajos ingresos, pero sí suele asociarse con menor estabilidad, menor acceso a prestaciones y una transmisión más débil de los aumentos salariales hacia la protección social.

También persiste una brecha de acceso al mercado laboral. La participación económica femenina fue de 54.7%, frente a 72.4% masculina. La tasa de desocupación fue de 4.6% entre mujeres y de 3.4% entre hombres. Esto significa que una mejora promedio del ingreso puede ocultar que muchas mujeres siguen fuera de la fuerza laboral o enfrentan mayores dificultades para conseguir un empleo remunerado, especialmente cuando el sistema de cuidados y los traslados no acompañan la expansión económica.

El indicador de pobreza laboral aporta otro matiz. INEGI reportó que en el cuarto trimestre de 2025 la proporción de personas cuyo ingreso laboral no alcanzaba para comprar la canasta alimentaria fue de 23.5% en la Ciudad de México. Aunque se mantuvo muy por debajo del máximo observado durante la pandemia, también aumentó frente al 22.3% del mismo trimestre de 2024. La recuperación, por tanto, convive con hogares que todavía no tienen un margen suficiente para absorber el encarecimiento de vivienda, transporte o alimentos.

Para los jóvenes y los trabajadores informales, el efecto de la inversión puede ser indirecto y tardar más en aparecer. Una obra genera empleo temporal, pero no necesariamente puestos permanentes; una nueva línea de transporte mejora la movilidad, pero no garantiza que el usuario obtenga un salario mayor; y la rehabilitación de servicios reduce ciertos costos, aunque no compensa por sí sola la falta de prestaciones.

Qué debe observar la ciudadanía durante 2026

La evaluación del gasto debería concentrarse en cuatro grupos de indicadores. Primero, el avance físico y financiero de los proyectos de Metro, Cablebús, agua, vivienda y obra urbana, con información por alcaldía. Segundo, los tiempos promedio de traslado y las interrupciones del servicio en las zonas donde se concentre la inversión. Tercero, la evolución de la informalidad, la desocupación y la participación laboral de mujeres y jóvenes. Cuarto, el comportamiento de la pobreza laboral y del ingreso laboral real per cápita.

También será necesario vigilar si el mayor gasto de infraestructura genera empleo formal o sólo contrataciones de corta duración. Los registros del IMSS pueden aportar una referencia para medir la creación de puestos con seguridad social, aunque no sustituyen la información de la ENOE porque ambas fuentes observan poblaciones y conceptos distintos.

El balance final para la Ciudad de México no dependerá de que el presupuesto sea grande, sino de que el gasto produzca mejoras verificables y territorialmente equilibradas. Si los 57,911 millones de pesos se convierten en transporte más rápido, agua más confiable, vivienda accesible y empleos con prestaciones, la inversión puede ampliar la recuperación del poder adquisitivo. Si se queda en asignaciones sin ejecución suficiente o en obras desconectadas de las necesidades laborales, el promedio económico mejorará mientras una parte de los hogares seguirá sin sentir el cambio.