La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó el martes 6 de octubre de 2026, durante su comparecencia ante las comisiones de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, que México no tiene actualmente condiciones para explotar gas de lutitas mediante fracturación hidráulica o fracking. La funcionaria también aclaró que no existe una autorización presidencial para realizar pruebas piloto de la técnica: por ahora sólo se estudian la disponibilidad de agua salada y profunda y la viabilidad técnica en zonas del noreste del país.
La precisión importa porque en días recientes se difundió la idea de que el Gobierno federal ya había dado luz verde a experimentos de fracking en el norte. La versión estenográfica publicada por Semarnat muestra que el alcance anunciado es más limitado: una etapa de análisis, sujeta a condicionantes ambientales y de disponibilidad de agua, no el inicio de una operación comercial.
En breve
- No hay autorización para explotar gas mediante fracking ni para realizar pruebas piloto de la técnica, según la aclaración de Semarnat.
- Los estudios se concentran en saber si existe agua salina y profunda suficiente y si hay viabilidad técnica en el noreste.
- Antes de cualquier proyecto se tendrían que definir permisos, controles sobre químicos y aguas residuales, reglas de monitoreo y recursos para inspección ambiental.
Qué dijo Semarnat y qué no significa
Durante la comparecencia, Bárcena explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó revisar los riesgos asociados con los recursos no convencionales y que un grupo científico interinstitucional analiza el tema. La secretaria señaló que, en caso de que el asunto avanzara, tendrían que aplicarse restricciones estrictas: no utilizar agua destinada al consumo humano o a la agricultura, privilegiar agua salina, evitar sustancias tóxicas y reciclar una parte significativa del líquido empleado.
La funcionaria aclaró después que la primera etapa no equivale a desarrollar pozos de producción. En la versión oficial de la comparecencia se menciona que el estudio considera zonas del noreste, incluido Nuevo León, aunque el alcance geográfico y técnico todavía no constituye una autorización para fracturar roca con fines de extracción comercial.
La diferencia entre estudiar el recurso hídrico y perforar un pozo es sustancial. El fracking requiere perforación horizontal, inyección a presión de agua, arena y aditivos, además del manejo posterior del fluido de retorno y del agua producida. Por ello, conocer si existe agua salina en profundidad no resuelve por sí mismo asuntos como la calidad del líquido, su conectividad con otros acuíferos, la disposición de residuos, la integridad de los pozos o la respuesta ante fugas.
El agua es el principal filtro para el noreste
La discusión ocurre en una región donde el agua ya compite entre el consumo urbano, el campo, la industria y la conservación de los ecosistemas. Los datos de la Comisión Nacional del Agua muestran que la disponibilidad media anual se calcula por acuífero y que un valor negativo representa déficit. En Nuevo León, por ejemplo, el registro oficial incluye acuíferos con disponibilidad negativa, entre ellos Sabinas-Parás, el Área Metropolitana de Monterrey, Campo Mina y El Carmen-Salinas-Victoria.
Ese dato no permite concluir por sí solo que toda actividad de fracking sea imposible, pero sí obliga a separar dos preguntas: si existe agua salina profunda en un sitio determinado y si su extracción, tratamiento y eventual reinyección serían ambientalmente aceptables. También tendría que evaluarse si una operación afectaría acuíferos, manantiales, ríos, actividades agrícolas o el abasto de localidades cercanas.
La propia Conagua establece que la disponibilidad de agua subterránea descuenta la recarga, la descarga natural comprometida y los volúmenes ya concesionados. Por tanto, cualquier proyecto tendría que apoyarse en balances específicos y actualizados del acuífero, no sólo en estimaciones generales de recursos gasíferos.
La regulación existe por partes, pero el proyecto exigiría más controles
México cuenta con reglas sectoriales para distintas fases de la exploración y extracción de hidrocarburos. En febrero de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó una norma de emergencia de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente sobre el manejo del agua producida y del fluido de retorno asociados con estas actividades. Esa disposición reconoce que el flujo de retorno puede contener sustancias del yacimiento y componentes del fluido fracturante, y establece criterios para su manejo y descarga.
Sin embargo, una norma para controlar aguas residuales no equivale a una autorización ambiental integral. Antes de cualquier proyecto habría que precisar, entre otros puntos, qué autoridad evaluaría la manifestación de impacto ambiental, cómo se otorgarían los permisos de agua, qué información tendrían que entregar las empresas sobre los aditivos, cómo se vigilaría la cementación de los pozos y qué obligaciones existirían para cerrar y reparar las instalaciones.
También sería necesario definir reglas para la reinyección o disposición del agua de retorno, protocolos de emergencia, seguros o garantías financieras y mecanismos de participación de las comunidades. La evaluación tendría que considerar impactos acumulativos, porque varios pozos en una misma cuenca pueden ejercer una presión distinta a la de un proyecto aislado.
La capacidad de inspección será parte de la decisión
Otro límite señalado por Bárcena es la capacidad institucional. La secretaria dijo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente requiere más recursos para realizar monitoreos, inspecciones y sanciones, y reportó una carga de denuncias que supera las capacidades actuales de la dependencia.
Ese reconocimiento coloca una condición práctica en el debate. No basta con aprobar una regulación si la autoridad no puede visitar los pozos, revisar bitácoras, tomar muestras independientes, verificar el transporte de residuos o responder con rapidez ante una contingencia. En regiones extensas del norte, la distancia entre instalaciones y oficinas regulatorias puede aumentar los costos y dificultar la vigilancia cotidiana.
Para la ciudadanía, la discusión no se reduce a una disputa entre producir gas o proteger el ambiente. También involucra quién asumiría los costos si se contamina un acuífero, cómo se garantizaría el acceso al agua para las comunidades y qué información estaría disponible para conocer la operación real de los proyectos.
Un debate energético que todavía no llega a la fase de explotación
México mantiene un interés histórico en los recursos de gas de lutitas localizados en cuencas como Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla. Documentos legislativos y técnicos han identificado potencial geológico en el norte y noreste, pero también han advertido que esas zonas enfrentan restricciones de agua y desafíos de infraestructura.
El argumento energético es que una mayor producción nacional de gas podría reducir la dependencia de importaciones y dar respaldo a la generación eléctrica y a la industria. El argumento ambiental y social es que el beneficio potencial no puede evaluarse sin incluir el costo del agua, el manejo de químicos, la protección de acuíferos y la capacidad de supervisión pública.
La declaración de Semarnat deja el asunto en una fase preliminar. El Gobierno no ha cerrado definitivamente el debate técnico, pero tampoco ha autorizado la explotación ni pruebas piloto de fracking. Si la investigación continúa, el punto decisivo será comprobar con datos públicos y verificables que cualquier eventual proyecto puede cumplir simultáneamente con la legislación ambiental, la disponibilidad hídrica y la protección del derecho humano al agua.
Fuentes consultadas
- Semarnat: versión estenográfica del mensaje de Alicia Bárcena ante comisiones de la Cámara de Diputados, 6 de octubre de 2026.
- Semarnat: respuestas de la secretaria durante la comparecencia en Cámara de Diputados.
- Conagua: disponibilidad media anual de aguas subterráneas por acuífero.
- Conagua: disponibilidad de acuíferos en Nuevo León.
- Diario Oficial de la Federación: norma de emergencia sobre agua producida y fluido de retorno en actividades de hidrocarburos.
- La Jornada: cobertura de la comparecencia y postura de Semarnat sobre el fracking.
- Vanguardia: reporte sobre la falta de autorización para pruebas de fracking.
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