La advertencia del FMI a México: consolidar las finanzas sin frenar la inversión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció los avances de México en consolidación fiscal, estabilidad financiera y resiliencia económica durante la revisión correspondiente a 2026, difundida el 2 de octubre, pero advirtió que el país debe preservar una trayectoria sostenible de deuda y fortalecer sus ingresos públicos. El diagnóstico llega mientras la Secretaría de Hacienda reporta mejores balances de lo previsto en el primer semestre y el Gobierno prepara la ejecución del Paquete Económico 2027.

El mensaje central no equivale a una aprobación irrestricta de la política económica. El organismo considera que México ha corregido parte del deterioro fiscal observado en 2024 y 2025, pero estima que una reducción gradual del déficit podría no ser suficiente para colocar la deuda en una trayectoria descendente. La discusión, por tanto, se trasladará de los resultados de corto plazo a la credibilidad de las metas fiscales para los próximos años.

En breve

El FMI proyecta un crecimiento de 1.5% para México en 2026 y de 1.8% en 2027.
Hacienda reportó al cierre de junio un Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público equivalente a 51% del PIB.
El reto del presupuesto de 2027 será reducir el déficit sin sacrificar inversión, programas sociales ni capacidad de respuesta ante una desaceleración.

Qué reconoció el FMI y cuál fue la advertencia

La revisión difundida en octubre destacó que la economía mexicana conserva amortiguadores importantes: un sistema financiero con niveles elevados de capital y liquidez, una posición externa equilibrada, baja exposición de la deuda en moneda extranjera y un tipo de cambio flexible. También identificó señales de recuperación moderada, con un crecimiento esperado de 1.5% en 2026 y de 1.8% en 2027, apoyado en parte por el comercio exterior y la integración productiva con Estados Unidos.

Sin embargo, el FMI mantuvo el foco en la política fiscal. La reducción del déficit registrada en 2025 representó un ajuste relevante, pero el organismo considera que el esfuerzo posterior debe ser suficientemente ambicioso para impedir que la deuda aumente de manera persistente. En la revisión previa, publicada oficialmente en octubre de 2025, el Fondo ya había señalado que las metas fiscales de México podían estabilizar el déficit sin evitar un incremento gradual de la deuda respecto del PIB.

La recomendación tiene una implicación práctica: no basta con que el déficit de un año sea menor al del anterior. El Gobierno necesita mostrar una ruta multianual con medidas identificables para elevar los ingresos, contener el gasto menos prioritario y proteger la inversión pública que eleva la capacidad productiva.

Las cifras de Hacienda muestran avances, pero también límites

Al segundo trimestre de 2026, Hacienda informó que el déficit presupuestario fue 358 mil millones de pesos menor al previsto para el periodo y que el balance primario registró un superávit de 115 mil millones, frente al déficit programado. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), el indicador amplio de las necesidades de financiamiento del sector público, se mantuvieron dentro de las metas aprobadas por el Congreso.

La recaudación tributaria tuvo un comportamiento mixto. Los ingresos por IVA crecieron 10.6% real anual y superaron en 100 mil millones de pesos el monto programado. También aumentaron los ingresos por IEPS distinto de combustibles y los impuestos asociados con importaciones. En contraste, la recaudación por ISR disminuyó 6.2% frente al primer semestre de 2025, debido principalmente a menores pagos relacionados con la declaración anual de empresas.

Esta combinación explica parte de la cautela del FMI. El avance de la recaudación depende en buena medida de la fiscalización, el consumo interno, las aduanas y algunos ingresos vinculados con la actividad económica. Para que la consolidación sea sostenible, México requiere ingresos permanentes y menos sensibles al ciclo, no sólo resultados favorables en algunos impuestos o meses.

En materia de deuda, Hacienda reportó que el SHRFSP se ubicó en 51% del PIB al cierre de junio, mientras que la deuda neta del Gobierno Federal representó 47.8% del PIB. El portafolio está compuesto mayoritariamente por deuda en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos largos, lo que reduce los riesgos asociados con depreciaciones cambiarias y refinanciamientos inmediatos.

Aun así, una deuda estable no significa que el problema esté resuelto. Si el crecimiento económico permanece moderado y el déficit se mantiene alto, la deuda puede aumentar como proporción del PIB aunque el Gobierno conserve acceso a los mercados. Además, el costo financiero compite cada año con recursos destinados a salud, educación, infraestructura y seguridad.

Qué significa la consolidación para el Paquete Económico 2027

La consolidación fiscal consiste en reducir gradualmente la diferencia entre ingresos y gasto financiada con deuda. En el caso mexicano, eso puede lograrse mediante una combinación de mayores ingresos, una ejecución más eficiente del presupuesto y una revisión de gastos que no generen beneficios económicos o sociales suficientes.

El problema es que cada vía tiene costos y límites. Una reducción acelerada del gasto puede afectar la inversión pública, el mantenimiento de infraestructura o la operación de servicios esenciales. Un aumento de impuestos generales podría debilitar el consumo y la inversión privada si se aplica en un momento de crecimiento débil. Y una mayor dependencia de ingresos petroleros dejaría al presupuesto expuesto a los precios internacionales y a la situación financiera de Pemex.

De acuerdo con reportes sobre la revisión del FMI, Hacienda plantea para 2027 una reducción gradual de los RFSP hacia un nivel cercano a 3.9% del PIB, mientras que el organismo considera deseable una meta más exigente, alrededor de 2.5% del PIB. La diferencia no es sólo contable: implica decidir si el ajuste se concentra en 2027 o se distribuye durante varios años.

Una consolidación más rápida podría mejorar la percepción de riesgo y evitar que aumenten los pagos de intereses, pero también restaría impulso a una economía cuyo crecimiento proyectado es moderado. Una ruta más lenta permitiría proteger inversión y programas sociales en el corto plazo, aunque mantendría la presión sobre la deuda y dejaría menos espacio fiscal para responder a una crisis externa.

Los riesgos para inversión, programas sociales y costo financiero

Hacienda reportó que el gasto en desarrollo social aumentó 9.7% real anual durante el primer semestre, con incrementos relevantes en educación, salud y protección social. Estos datos muestran que la consolidación no se ha traducido, hasta ahora, en un recorte generalizado del gasto social. El desafío será sostener ese ritmo si los ingresos pierden dinamismo o si el costo de la deuda vuelve a subir.

La inversión pública enfrenta una tensión similar. Reducir proyectos de infraestructura puede ayudar a cerrar el déficit en el corto plazo, pero debilitaría el crecimiento potencial y limitaría la capacidad del país para aprovechar la relocalización de cadenas productivas. Por eso, tanto el FMI como Hacienda han planteado la necesidad de distinguir entre gasto corriente, transferencias y proyectos con impacto productivo.

El costo financiero es otro punto crítico. Aunque Hacienda informó una disminución real de 4.8% en ese concepto durante el primer semestre, favorecida por la estrategia de refinanciamiento y la apreciación del peso, el monto sigue siendo una obligación rígida del presupuesto. Si las tasas internacionales permanecen elevadas o la deuda aumenta, una mayor proporción de los ingresos públicos tendría que destinarse al pago de intereses.

Para la ciudadanía, el debate se reflejará en la calidad y cobertura de los servicios públicos, en la continuidad de las obras y en la posibilidad de que el Gobierno reaccione ante una recesión, un desastre natural o un choque financiero. El reconocimiento del FMI ofrece respaldo a la estabilidad de México, pero también establece una condición: demostrar que la disciplina fiscal puede sostenerse sin sacrificar el crecimiento de mediano plazo.