El Gobierno de México prepara la contratación, prevista para octubre de 2026, de un nuevo satélite geoestacionario de telecomunicaciones que sustituirá al Bicentenario y cuyo lanzamiento está programado para el primer trimestre de 2030. El anuncio fue presentado el 24 de septiembre de 2026 por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México. La nueva plataforma tendría una capacidad cercana o superior a 250 gigabits por segundo y se utilizaría para comunicaciones de seguridad nacional, transmisión de imágenes y video y conectividad en localidades donde las redes terrestres son difíciles de desplegar.
El proyecto importa porque coloca al sistema satelital mexicano dentro de una estrategia más amplia: renovar la infraestructura pública en el espacio mientras el Gobierno intenta ampliar el acceso a internet en comunidades rurales, dispersas y con rezago. Sin embargo, el lanzamiento no equivale por sí mismo a una conexión disponible para las familias. Para que la capacidad orbital se convierta en un servicio útil serán necesarias antenas, estaciones terrestres, energía, operadores, mantenimiento y un modelo claro para ofrecer acceso asequible.
En breve
- La contratación del nuevo satélite está prevista para octubre de 2026 y el lanzamiento para el primer trimestre de 2030.
- El equipo sustituiría al Bicentenario y elevaría de manera importante la capacidad disponible para comunicaciones gubernamentales y servicios de conectividad.
- El Plan Nacional de Conectividad identifica alrededor de 91 mil localidades sin cobertura y contempla el uso de capacidades satelitales para zonas rurales, aisladas o afectadas por fenómenos naturales.
Un relevo con calendario ajustado
El Programa Espacial Mexicano 2026-2030 establece que el proyecto debe abarcar los estudios de requerimientos, el diseño de la carga útil, la contratación, el lanzamiento y la operación del sistema. Entre la contratación prevista para octubre de 2026 y el lanzamiento del primer trimestre de 2030 habría poco más de tres años para completar una cadena industrial compleja.
Ese plazo no significa necesariamente que sea inviable, pero sí vuelve decisivas las primeras decisiones. El Gobierno tendrá que precisar si contratará un satélite completo, una solución integral con lanzamiento y operación, o distintos componentes mediante licitaciones separadas. También deberá definir las condiciones de transferencia tecnológica, las responsabilidades durante las pruebas, los seguros, el control desde territorio nacional y los mecanismos para evitar una interrupción de servicios cuando el Bicentenario deje de operar.
La experiencia mexicana muestra por qué la continuidad es relevante. El sistema Mexsat está integrado principalmente por el Bicentenario, dedicado a comunicaciones fijas, y Morelos 3, orientado a comunicaciones móviles. El Bicentenario fue puesto en órbita en diciembre de 2012 y tiene una vida útil planeada de 15 años; Morelos 3 fue lanzado en octubre de 2015 y, según la Cuenta Pública 2025, conservaba una vida útil remanente estimada hasta febrero de 2034.
Con esas fechas, el reemplazo del Bicentenario no es sólo una ampliación de capacidad. Es también una operación de continuidad institucional. El nuevo aparato debe estar listo, probado y conectado con la infraestructura terrestre antes de que el satélite actual llegue al final de su vida planeada. De lo contrario, México podría conservar la posición orbital y la capacidad administrativa, pero enfrentar un periodo de transición con menor margen operativo.
De seis a más de 250 gigabits por segundo
La ATDT presentó el proyecto como un salto tecnológico. De acuerdo con la explicación oficial, algunas dependencias utilizan actualmente una capacidad aproximada de 6 gigabits por segundo, mientras que el nuevo satélite alcanzaría alrededor de 250 gigabits por segundo. La diferencia permitiría transportar volúmenes mayores de datos y ampliar el tipo de información que puede transmitirse, incluidas imágenes y video.
La cifra, sin embargo, debe leerse como capacidad técnica del sistema y no como velocidad garantizada para cada usuario. La capacidad total se distribuye entre servicios, bandas, estaciones, prioridades gubernamentales y condiciones de operación. El resultado para una comunidad dependerá de cuántos sitios se conecten, de la capacidad de las terminales y de la forma en que se administre el ancho de banda.
El nuevo satélite tendrá dos dimensiones de utilidad pública. La primera es estratégica: mantener comunicaciones seguras para instituciones de seguridad nacional, protección civil y atención de emergencias. La segunda es social: complementar la fibra óptica y las redes móviles en lugares donde la distancia, la orografía o la baja densidad de población hacen difícil recuperar la inversión en infraestructura terrestre.
La brecha digital no se resuelve desde la órbita
El Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 plantea una combinación de infraestructura terrestre y satelital. Su Programa de Cobertura Social calcula que existen alrededor de 91 mil 41 localidades sin cobertura, asociadas con aproximadamente 6.43 millones de personas. El mismo documento fija como meta elevar la cobertura móvil poblacional a 98 por ciento para 2030.
El plan también contempla una opción de conectividad para al menos 3.2 millones de habitantes con rezagos de conexión y condiciones de pobreza extrema en sitios públicos y áreas de atención prioritaria. Para seleccionar esos lugares se consideran factores como pobreza, rezago social, densidad poblacional, ausencia de cobertura móvil y la existencia de escuelas o clínicas.
En ese diseño, el satélite puede funcionar como una solución de última milla para una escuela, una clínica, una plaza pública o una comunidad aislada. Pero la conexión no termina en la antena. Hace falta transportar el tráfico desde la estación satelital hasta los usuarios, financiar la operación y garantizar que el servicio tenga calidad suficiente para trámites, educación, telemedicina o comunicación durante una emergencia.
El propio Plan Nacional de Conectividad plantea dos rutas complementarias: ampliar las redes públicas y las estaciones satelitales, e integrar la infraestructura existente de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, Financiera para el Bienestar, Promtel y Altán Redes. También señala que la CFE opera una red troncal de fibra óptica y que el Estado puede complementar la infraestructura privada en zonas donde el mercado no ha llegado.
La pregunta pendiente: quién operará y para quién
El anuncio todavía deja aspectos que deberán conocerse en los documentos de contratación. Entre ellos están el fabricante, el costo total del ciclo de vida, el tipo de órbita y bandas, la capacidad reservada para seguridad nacional, el porcentaje destinado a cobertura social y las reglas para compartir capacidad con instituciones públicas, operadores o gobiernos locales.
También será importante identificar las métricas de éxito. Una medición limitada al lanzamiento o a la disponibilidad del satélite mostraría sólo el desempeño de la plataforma espacial. Para evaluar su impacto ciudadano habría que publicar el número de localidades conectadas, la cantidad de sitios públicos atendidos, la disponibilidad del servicio, el costo por usuario y la velocidad efectiva en las comunidades beneficiarias.
La política pública será más sólida si el satélite se incorpora desde el inicio a los programas anuales de cobertura social y conectividad en sitios públicos. Eso permitiría vincular las decisiones de ingeniería con un mapa de necesidades concretas, en lugar de contratar capacidad y buscarle usuarios después.
El relevo del Bicentenario ofrece a México una oportunidad para conservar capacidades estratégicas y ampliar su infraestructura de comunicaciones. Su resultado, no obstante, se definirá menos por la espectacularidad del lanzamiento que por la coordinación entre la ATDT, CFE, Financiera para el Bienestar, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y las autoridades locales. El desafío central será transformar una capacidad ubicada a miles de kilómetros de altura en una conexión estable, accesible y verificable para quienes todavía permanecen fuera de las redes terrestres.
Fuentes consultadas
- Presidencia de México, comunicado del 24 de septiembre de 2026, sobre la contratación y el lanzamiento del satélite.
- Diario Oficial de la Federación, Programa Espacial Mexicano 2026-2030, sobre la vida útil de los satélites y las etapas del proyecto.
- Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Conectividad 2026-2030, sobre localidades sin cobertura, metas de conectividad y uso de capacidades satelitales.
- Cuenta Pública 2025, sobre la operación de Mexsat y la vida útil remanente estimada de Morelos 3.
- Financiera para el Bienestar, información sobre Mexsat, sobre la composición y cobertura del sistema satelital mexicano.
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