ENVIPE 2026: baja el miedo, pero la mayoría de los delitos aún no llega a la justicia

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el 10 de septiembre de 2026 los resultados de la ENVIPE 2026 México, una encuesta que combina los delitos sufridos durante 2025 con la percepción sobre seguridad y el desempeño de las autoridades entre febrero y abril de 2026. El estudio estimó que 28.5% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito, que ocurrieron 33.8 millones de delitos y que 93.4% no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. Al mismo tiempo, la percepción nacional de inseguridad fue la más baja desde el inicio de la serie, aunque todavía 74.0% de la población adulta consideró inseguro vivir en su entidad federativa.

El dato central de la encuesta contiene una aparente contradicción: el temor disminuyó, pero la victimización continúa afectando a millones de personas y la mayor parte de los delitos permanece fuera del sistema formal de justicia. Por eso, la ENVIPE no permite concluir que la seguridad ya esté resuelta; más bien muestra que la percepción social, la experiencia directa del delito y la capacidad institucional para investigarlo avanzan a velocidades distintas.

En breve

Victimización: 11.7 millones de hogares, equivalentes a 28.5% del total, reportaron que al menos una persona integrante fue víctima de delito durante 2025.
Cifra oculta: 93.4% de los 33.8 millones de delitos estimados no se denunció o no tuvo una carpeta de investigación.
Percepción: 74.0% de la población adulta consideró inseguro vivir en su entidad, la proporción más baja de la serie histórica de la ENVIPE.

Menor percepción de inseguridad, pero una realidad desigual

La reducción de la percepción de inseguridad fue registrada por el INEGI como la menor de la serie histórica de la encuesta, que acumula 16 años de mediciones. Sin embargo, el resultado nacional oculta diferencias muy amplias entre estados. El Estado de México tuvo la percepción más alta, con 90.0% de su población adulta que consideró inseguro vivir en la entidad. Le siguieron Morelos, con 88.7%, y Tabasco, con 87.6%.

En el extremo opuesto se ubicaron Coahuila, con 27.8%; Yucatán, con 35.5%; y Aguascalientes, con 41.0%. La diferencia entre el Estado de México y Coahuila fue de 62.2 puntos porcentuales. El contraste confirma que la percepción de seguridad no puede leerse únicamente como un promedio nacional: depende del entorno cotidiano, la exposición a delitos, la presencia de autoridades y la información que circula en cada comunidad. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/envipe/ENVIPE2026_CP.pdf))

También hay una diferencia importante según el espacio en el que las personas evalúan su seguridad. Mientras 74.0% consideró inseguro vivir en su entidad, el porcentaje bajó a 60.9% cuando la pregunta se refirió al municipio o demarcación territorial y a 35.9% cuando se preguntó por la colonia o localidad. Esto sugiere que la percepción estatal puede estar influida por hechos ampliamente conocidos o por la imagen general de la entidad, aun cuando el entorno inmediato sea evaluado de manera menos negativa.

Victimización efectiva: Ciudad de México y Estado de México, en los niveles más altos

La experiencia directa del delito también presenta un mapa diferente. En 2025, la tasa nacional fue de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas se registraron en Ciudad de México, con 34 mil 930 víctimas; Estado de México, con 31 mil 889; y Puebla, con 26 mil 164.

Las cifras más bajas correspondieron a Chiapas, con 13 mil 462 víctimas por cada 100 mil habitantes; Veracruz, con 14 mil 171; y Zacatecas, con 15 mil 733. La comparación es útil porque muestra que percepción y victimización están relacionadas, pero no son equivalentes. El Estado de México encabeza la percepción de inseguridad y también aparece entre las entidades con mayor prevalencia delictiva. En cambio, Ciudad de México registra la mayor tasa de víctimas, aunque no ocupa el primer lugar nacional en percepción de inseguridad.

En materia de incidencia, que cuenta el número de delitos y no solo el número de víctimas, Ciudad de México también se ubicó en primer lugar, con 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes. Le siguieron Puebla, con 41 mil 876, y el Estado de México, con 40 mil 915. La encuesta estimó un promedio de 1.5 delitos por víctima.

Mujeres y hombres no enfrentan el mismo riesgo

La ENVIPE 2026 estimó una prevalencia de 22 mil 539 víctimas por cada 100 mil mujeres y de 24 mil 555 por cada 100 mil hombres. La diferencia general favorece a las mujeres en el indicador agregado, pero no significa que ellas enfrenten menor vulnerabilidad en todos los delitos.

El caso más evidente son los delitos sexuales. Durante 2025, la tasa fue de 3 mil 365 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres, frente a 341 por cada 100 mil hombres. En términos aproximados, por cada delito sexual registrado contra un hombre se estimaron diez contra mujeres. Además, solo 35.4% de las mujeres dijo sentirse segura al caminar sin compañía durante la noche cerca de su vivienda, frente a 52.4% de los hombres.

La diferencia también aparece en los hábitos cotidianos. El temor al delito llevó a 62.8% de la población a dejar de permitir que menores del hogar salieran sin compañía y a 44.7% a dejar de salir de noche. Estos cambios tienen un efecto social que no siempre aparece en los registros policiales: restringen la movilidad, modifican rutinas familiares y trasladan parte del costo de la seguridad a los hogares.

Qué significa realmente una cifra oculta de 93.4%

La llamada cifra negra o cifra oculta no significa que 93.4% de los delitos sean imaginarios ni que todos hayan quedado sin denuncia por la misma causa. El indicador reúne dos situaciones: delitos que las víctimas no reportaron y denuncias en las que el Ministerio Público o la fiscalía no inició una carpeta de investigación.

De los 33.8 millones de delitos estimados, solo 9.0% fue denunciado. En 73.5% de esas denuncias se abrió una carpeta, lo que dejó 93.4% del total sin denuncia o sin investigación formal. Entre las razones más frecuentes para no denunciar estuvieron considerar que hacerlo era una pérdida de tiempo, con 35.8%; estimar que el delito era de poca importancia, con 14.5%; y desconfiar de la autoridad, con 13.0%. También se mencionaron la falta de pruebas, los trámites largos y el miedo a la persona agresora.

Incluso cuando se inició una investigación, el resultado fue limitado. En 38.1% de los casos las personas reportaron que no pasó nada o que la denuncia no se resolvió, mientras que 39.5% seguía en trámite. En conjunto, 77.6% de las denuncias con carpeta no había llegado a una conclusión para las víctimas durante el periodo de referencia. El INEGI estimó que solo 1.1% del total de delitos tuvo una resolución positiva para la persona denunciante.

Este punto es clave para evaluar a policías, fiscalías y políticas de prevención. Una disminución en los delitos registrados puede reflejar una mejora real, pero también una menor disposición a denunciar. Del mismo modo, una percepción más favorable puede responder a cambios en el entorno, a una menor exposición a ciertos delitos o a una mejor valoración de la autoridad, sin que necesariamente exista una reducción proporcional en todos los hechos delictivos.

El costo no recae solo en las instituciones

La inseguridad también representa un gasto directo para las familias. El INEGI calculó un costo total de 267.3 mil millones de pesos durante 2025, equivalente a 1.06% del producto interno bruto. De ese monto, 91.6 mil millones correspondieron a medidas preventivas adoptadas por los hogares y 165.9 mil millones a pérdidas económicas derivadas de la victimización.

Entre las medidas más frecuentes estuvieron cambiar o colocar cerraduras y candados, modificar puertas o ventanas y colocar rejas o bardas. Es decir, la falta de confianza en la seguridad pública provoca que las familias paguen por protegerse, además de asumir pérdidas cuando ocurre un delito.

La principal lectura de la ENVIPE 2026 es, por tanto, doble. La caída histórica en la percepción de inseguridad es un dato relevante y debe ser considerado por las autoridades. Pero la cifra oculta de 93.4%, la baja proporción de denuncias que termina con una solución y las diferencias entre mujeres, hombres y entidades muestran que todavía existe una distancia considerable entre sentirse más seguro y tener acceso efectivo a la justicia.