El Gobierno de México, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y autoridades de Jalisco presentaron y firmaron el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares el 4 de septiembre de 2026, durante la Feria Nacional Forestal realizada en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan. El pacto reúne a dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, ejidos, comunidades indígenas y afromexicanas, empresas, universidades y organizaciones sociales con una meta central: vincular la conservación de los ecosistemas forestales con actividades productivas legales y sostenibles. ([metropolijal.mx](https://www.metropolijal.mx/jalisco/reune-jalisco-al-sector-forestal-del-pais-con-encuentro-nacional-20260905-0007.html))
La importancia del acuerdo no está únicamente en el decálogo presentado en Jalisco, sino en lo que ocurra después de la firma. El documento plantea restaurar bosques y selvas, proteger manglares, reducir la deforestación asociada con actividades agrícolas y ganaderas, fortalecer la silvicultura comunitaria, apoyar empresas forestales de mujeres, promover cadenas de valor sostenibles, ampliar el pago por servicios ambientales, prevenir incendios, combatir la tala ilegal y simplificar trámites para los productores.
En breve
- El acuerdo fue presentado durante la Feria Nacional Forestal 2026, celebrada el 4 y 5 de septiembre en Zapopan, Jalisco.
- Conafor será responsable del seguimiento y deberá presentar informes mensuales a un comité integrado por autoridades, comunidades, sectores productivos, academia y organizaciones sociales.
- El reto inmediato es convertir los principios del pacto en presupuesto, metas territoriales, permisos ágiles, vigilancia contra la tala ilegal y beneficios económicos verificables para las comunidades.
Un pacto con diez líneas de acción
El texto regulatorio del acuerdo define diez compromisos. Los primeros dos se concentran en conservar, restaurar y reforestar bosques y selvas, así como en garantizar la conservación y restauración de manglares. El tercero busca que la producción agropecuaria, incluida la de sectores como el aguacate, el agave y el tequila, avance hacia modelos libres de deforestación.
Los siguientes puntos intentan modificar la relación entre comunidades y política ambiental. El acuerdo reconoce a la silvicultura comunitaria como una vía para generar ingresos y conservar el territorio; propone respaldar empresas dirigidas por mujeres; plantea construir cadenas de valor forestales sostenibles; y contempla esquemas de pago por servicios ambientales orientados a proteger el agua y la biodiversidad. También incluye el manejo integral del fuego, el combate a la tala ilegal y la compra de productos forestales con procedencia legal.
El último punto, la simplificación y modernización de trámites forestales y agrarios, puede ser decisivo para pequeños propietarios, ejidos y comunidades. La falta de asesoría técnica, financiamiento y capacidad administrativa suele encarecer el aprovechamiento legal y puede empujar a productores hacia mercados informales. La promesa de reducir esos costos de transacción sólo tendrá impacto si se traduce en ventanillas funcionales, plazos claros, asistencia técnica y mecanismos para verificar el origen de la madera.
La implementación tendrá que medirse
El acuerdo establece que Semarnat, con participación de Conafor y representantes de los distintos sectores, integrará un comité de seguimiento. La Conafor será la institución responsable de presentar un informe mensual pormenorizado. También se prevé que los compromisos se concreten mediante convenios, instrumentos de coordinación y anexos específicos.
Ese diseño ofrece un punto de partida para evaluar resultados, pero todavía deja preguntas relevantes. No se detallan en el documento consultado metas anuales para cada estado, superficies exactas por restaurar, número de comunidades beneficiarias, indicadores de reducción de tala ilegal o montos asignados a cada línea de acción. Por ello, la primera prueba del pacto será la publicación de calendarios, responsables, padrones de beneficiarios y avances verificables.
El expediente regulatorio también señala que las acciones deberán financiarse con los presupuestos aprobados para las dependencias ejecutoras, sin aumentar el gasto autorizado ni disponer recursos adicionales para los ejercicios subsecuentes. Esto significa que la política forestal deberá competir por recursos dentro de programas ya existentes. Para las comunidades, la diferencia entre una declaración política y una política productiva dependerá de que los apoyos lleguen a tiempo y cubran no sólo la plantación, sino también la vigilancia, el mantenimiento, la transformación y la comercialización.
Jalisco ofrece un primer laboratorio
Jalisco anunció que buscará ser la primera entidad en adherirse al acuerdo. Durante la feria, el gobierno estatal informó que cuenta con una bolsa conjunta de 30 millones de pesos con Conafor, integrada por aportaciones de 15 millones de pesos de cada institución, para respaldar acciones de ejidos y comunidades en ecosistemas estratégicos.
La entidad también reportó un mecanismo de pago por servicios ambientales que beneficia a 32 grupos agrarios y comunidades de 22 municipios, con acciones de conservación en más de 14 mil 900 hectáreas. Además, el gobernador Pablo Lemus anunció una meta estatal de 250 mil plantas nuevas durante 2026 y una propuesta de incremento salarial para brigadistas forestales, Protección Civil y Bomberos para el próximo año. ([metropolijal.mx](https://www.metropolijal.mx/jalisco/reune-jalisco-al-sector-forestal-del-pais-con-encuentro-nacional-20260905-0007.html))
Estos anuncios permiten identificar tres indicadores que podrían seguirse desde el inicio: cuántas hectáreas reciben protección efectiva, cuánto dinero llega directamente a los grupos agrarios y qué porcentaje de las plantas sobrevive después de la temporada de lluvias. La reforestación, por sí sola, no equivale a restauración ecológica; el resultado depende de la selección de especies nativas, la recuperación del suelo, el control del fuego y el cuidado posterior.
El impacto para madera, agricultura y turismo
Para la industria maderera, el acuerdo puede abrir oportunidades si la legalidad se acompaña de infraestructura, certificación, crédito y transformación local. México produjo en promedio 7.36 millones de metros cúbicos de madera en rollo entre 2019 y 2023, de acuerdo con el expediente del acuerdo, pero el propio documento reconoce que existe margen para elevar la productividad y desarrollar productos maderables y no maderables. El objetivo no debería ser extraer más sin controles, sino capturar mayor valor en las regiones donde se produce la materia prima. ([cofemersimir.gob.mx](https://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/31630/mir/59861/regulacion/8124930))
La agricultura y la ganadería también están directamente involucradas. El documento identifica el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias como una de las principales presiones sobre bosques y selvas. Por eso, la política forestal tendrá que coordinarse con incentivos agrícolas, ordenamiento territorial y vigilancia de las autorizaciones de cambio de uso de suelo. Si las dependencias mantienen programas contradictorios, el acuerdo perderá capacidad para frenar la deforestación.
En el caso del turismo de naturaleza, la conservación puede generar ingresos mediante servicios ecoturísticos, rutas comunitarias, hospedaje, alimentos y actividades de educación ambiental. La Feria Nacional Forestal incluyó un centro de negocios y espacios para mostrar proyectos comunitarios y servicios ecoturísticos, lo que refleja la intención de conectar a productores con compradores y visitantes. Sin embargo, ese mercado necesita reglas para evitar la saturación, el daño a los ecosistemas y la concentración de beneficios en intermediarios.
Los manglares agregan una dimensión costera y económica. El acuerdo los considera ecosistemas estratégicos por su papel en la biodiversidad, la protección frente a fenómenos climáticos y el sostenimiento de pesquerías. Su restauración no puede limitarse a plantar vegetación: requiere recuperar flujos de agua, frenar rellenos y cambios de uso de suelo, y coordinar a autoridades ambientales, municipios y comunidades pesqueras.
La participación comunitaria será el punto decisivo
La propuesta reconoce que buena parte de la superficie forestal mexicana pertenece a ejidos, comunidades y pueblos indígenas. El expediente regulatorio calcula que 16 mil 953 núcleos agrarios y comunidades concentran la propiedad de la vegetación forestal, mientras que 11.9 millones de personas viven en localidades asentadas en ecosistemas forestales. También advierte que muchas enfrentan marginación, falta de infraestructura y limitado acceso al financiamiento. ([cofemersimir.gob.mx](https://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/31630/mir/59861/regulacion/8124930))
Por eso, la participación comunitaria no debería reducirse a convocar a los habitantes para jornadas de reforestación. La implementación tendrá que incluir decisiones sobre el territorio, contratación de técnicos locales, vigilancia comunitaria, acceso directo a mercados y distribución transparente de los ingresos. También será necesario garantizar la participación efectiva de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y afromexicanos, tal como plantea el acuerdo.
El pacto representa un cambio de enfoque: la conservación deja de presentarse sólo como una restricción y se intenta convertir en una política de desarrollo rural. Su éxito dependerá de que los gobiernos puedan demostrar que un bosque en pie produce beneficios estables, que el aprovechamiento legal es más rentable que la tala clandestina y que las comunidades son socias de la política forestal, no únicamente sus beneficiarias temporales.
Fuentes consultadas
- Comisión Nacional Forestal: Feria Nacional Forestal 2026, 27 de agosto de 2026.
- Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: proyecto del Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, expediente regulatorio consultado.
- Metrópoli Jalisco: encuentro nacional del sector forestal en Jalisco, 5 de septiembre de 2026.
- El Informador: firma del Acuerdo Nacional por Bosques, Selvas y Manglares, 4 de septiembre de 2026.
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